La Vivienda Progresiva como base de una Política Nacional de Vivienda

La realidad de las ciudades venezolanas es una llena de pobreza y desigualdad. De acuerdo con Cilento (2000), estos problemas –incluidos el desempleo y las fallas de gobernabilidad, son los factores de mayor vulnerabilidad e insostenibilidad de nuestras ciudades. Este último, se debe en gran medida a la inhabilidad de las políticas nacionales, estatales y municipales de ofrecer una oferta adecuada de vivienda a la siempre creciente población de nuestras ciudades. Afirma Marcano (2003) que hasta hace poco se pensaba en la erradicación de los barrios como una solución, pero que por la magnitud de recursos financieros necesarios para tal empresa, particularmente en Venezuela, esta visión se ha derrumbado.

Es necesario entonces plantear un reenfoque del problema de la vivienda. Salas (1999, c. p, García, p. 18), menciona que “el llamado sector informal es hoy el gran constructor de América Latina…”. Esta afirmación permite apuntar que existen en el sector informal las capacidades para satisfacer su propia demanda de vivienda. En efecto, los cálculos de Alfredo Roffé (2003) citados por Cilento (2008), lo aseveran:

Entre 1990 y 2001, en Venezuela se construyeron 1.630.000 alojamientos calificados como aceptables. En el marco institucional formal unos 660.000 […]; mientras que el sector popular, espontáneo o informal, construyó unas 970.000 unidades, es decir el 60% del total de viviendas consideradas como aceptables y casi el doble de lo hecho por el sector formal. (p. 14)

Esto quiere decir que es fundamental reformular las políticas en materia de vivienda, no sólo para aprovechar y potenciar las capacidades del sector informal sino también para que los recursos del Estado estén dirigidos a necesidades que la población es incapaz de satisfacer por sí misma, como la construcción de vialidad, equipamientos, servicios de infraestructura, etc.

El objetivo de este Ensayo es hacer una apología de la vivienda progresiva como herramienta fundamental de una política nacional de vivienda. Principalmente porque, como menciona Cilento (2008), el problema siempre ha sido lograr “condiciones para que la gente pueda acceder a un alojamiento y un entorno urbano de calidad” (p. 16).

Como se ha de apuntar posteriormente, la vivienda progresiva tiene una serie de beneficios y ventajas en comparación con otras políticas en materia de vivienda. Sin embargo, antes es necesario conocer cuáles fueron los desaciertos de las políticas actuales para ilustrar el cómo puede la vivienda progresiva ser una solución viable al problema de vivienda.

 Diversos autores señalan diferentes problemas con las políticas actuales en materia de vivienda, aunque éstas se centran en el índole financiero, es posible esbozar otros inconvenientes de carácter político y social. Cilento (2000, 2008) señala que el enfoque tradicional de “viviendas completas” dejó de tener vigencia cuando los costos de las viviendas superaron el ingreso de las familias, teniendo como consecuencia un permanente vaivén entre soluciones precarias y viviendas de cuestionable calidad. Además, agrega que la causa yace en el espejismo de recursos abundantes que propulso un modelo insostenible desde el punto de vista financiero y puesto de manifiesto cuando entramos al siglo XXI con la producción más baja de viviendas desde los años sesenta. Genatios y LaFuente (2004) señalan que los mecanismos de pago de vivienda a largo plazo se vuelven insostenibles en un contexto de alta inflación, como es el caso Venezolano. Por último, Cilento (1996) añade que el Estado tuvo que diseñar una “categoría de productos (viviendas) para una categoría de consumidores (familias) institucionalmente definidos, independientemente de las variantes económicas, sociales y ambientales.” (p. 105).

Estas consideraciones sobre las fallas de las políticas actuales han puesto de manifiesto dos problemas fundamentales: encontrar soluciones habitacionales que sean de bajo costo, fáciles de financiar y que respondan a las realidades económicas, sociales y ambientales de las distintas poblaciones que las políticas nacionales actualmente atienden.

Aunque existen suficientes conceptos de vivienda progresiva útiles a los propósitos de este ensayo, es necesario enfocarnos en los fundamentos teóricos del debate sobre el tema. Cilento (1996 y  1999) apunta en sus escritos a unos aspectos fundamentales de la vivienda progresiva: la calidad –citando a Aalto (1940), la gradualidad –citando a Urdaneta (1994), la cualidad de la vivienda de ser un producto de consumo individual, y el planteamiento de una vivienda que germina con financiamiento a corto plazo –citando a Cilento (1994). Algunos autores sostienen que la vivienda progresiva contiene solamente las características básicas necesarias, ayuda  a priorizar necesidades y permite la expansión de acuerdo a las posibilidades de quienes la habitan (Agustín, 2009; Genations & LaFuente, 2004; Greene & Rojas, 2008). De acuerdo a estas consideraciones, la vivienda progresiva puede ser definida como una solución al problema de vivienda donde se parte un núcleo básico habitacional que permita la expansión gradual, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de quienes la habitan, hasta alcanzar una vivienda completa de calidad y financiable a corto plazo.

Con base en esta conceptualización, es posible adentrarnos en los beneficios de la vivienda progresiva. En primer lugar permite que familias de bajos ingresos puedan a acceder a una solución habitacional que, como mencionan Ferguson y Navarrete (2003; c. p. Fernandez-Maldonado & Bredenoord, 2010), es una virtud inherente de la vivienda progresiva. El acierto más importante no es quizás el hecho de que se puedan ofrecer soluciones habitacionales a bajo costo sino que, como menciona Cilento (2008), ésta permite:

…un conjunto de acciones coordinadas que creen condiciones para que la gente de menores ingresos pueda acceder al mercado del trabajo o desarrollar actividades productivas, acceder a la educación, salud, seguridad social, seguridad de bienes y personas, justicia oportuna, y pueda mejorar sostenida y progresivamente su calidad de alojamiento y la de su entorno, es decir, de la ciudad en su conjunto. (p. 22)

Esto quiere decir que la vivienda progresiva responde, en efecto, a los problemas de calidad urbana de las ciudades. La idea de que los mismos ciudadanos puedan tener la capacidad de generar sus propias soluciones habitacionales permitiría al Estado capacidad financiera para embarcarse en proyectos de carácter urbano, los cuales no son posibles hoy en día por la presión financiera y logística que supone ofrecer soluciones habitacionales completas –con comprobados resultados negativos.

Las implicaciones nacionales de un programa de esta índole son difíciles de conocer pero nos permite hacer conjeturas sobre los cambios que estas acciones tendrían sobre las políticas nacionales de vivienda. La capacidad que tendrían las familias de procurarse alojamiento adecuado permite liberar al Estado de grandes presiones financieras que permitiría reenfocar los recursos monetarios y humanos en políticas diferentes como, por ejemplo: 1) planes de adquisición anticipada de tierras con infraestructura y servicios básicos; 2) plan de rehabilitación integral de barrios y subsiguiente legalización de la propiedad; 3) recuperación progresiva de áreas deprimidas y zonas populares y; 4) una gestión eficiente de los servicios públicos (Cilento, 2009). Otras funciones de una política nacional de vivienda seria las de atender las necesidades técnicas de las personas que actualmente utilizan sistemas de construcción rudimentaria (Jan Bazant; c. p. Agustín, 2009, p.2) y formular planes de desarrollo urbano de mediano y largo plazo (Cilento, 2004).

El fracaso de las políticas actuales y la situación alarmante que viven nuestras ciudades tienen que venir acompañados de un proceso de reflexión sobre estos temas fundamentales. Como menciona Cilento (2000; 2009) estas reflexiones debe encaminarse a reconocer el esfuerzo de las comunidades organizadas y de las autoridades locales, al mismo tiempo que se deben buscar a través de estas políticas una profundización de la democracia, la descentralización, la ética en todos los ámbitos del poder público y demanda de mayor sentido de responsabilidad social, ambiental y ética a la empresa privada.

                                       

Esto quiere decir, y siguiendo la línea de argumentación que plantean Genatios & LaFuente (2004), que debemos poner principal atención a los verdaderos actores sociales: los pobres; y que además se debe poner el foco en una dinámica que genere calidad de vida, proponga y posibilite horizontes de desarrollo y crecimiento cualitativo y colectivo y nos ayude a renunciar a la creencia de un Estado omnipotente que resolverá todos nuestros problemas.

  La realidad es que debemos descentralizar los procesos de promoción y producción de viviendas, al mismo tiempo que reforzamos las capacidades locales para atender a este problema. Es necesario en ese aspecto adentrarnos en los temas que se han esbozado en este ensayo para llevar a la palestra nacional soluciones que realmente busquen remediar el problema habitacional, porque como bien menciona Cilento (2000): “El problema de calidad de vida de la población venezolana y de penuria habitacional es y seguirá siendo urbano” (p. 23).

@jomagumo

Referencias

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